Marco Antonio Sánchez, un caso de violación grave a los derechos humanos

El caso del adolescente detenido arbitrariamente por policías capitalinos, cumple con uno de los elementos del delito de desaparición forzada: la privación ilegal de la libertad. Existen vacíos y ocultamiento de información clave para entender qué fue lo que sucedió con Marco Antonio. Su aparición con vida no obedeció a la eficiencia de las autoridades sino a una suma de factores que van desde las acciones tomadas por la familia hasta la movilización ciudadana.

 

Por Paola Pacheco | ➜

 

México cuenta miles de historias que parecen salidas de la ficción. Pero la realidad las supera. El caso del adolescente de 17 años, Marco Antonio Sánchez Flores, quien fue detenido arbitrariamente por policías en la Ciudad de México el 23 de enero de 2018, se suma a la lista de estas historias de vida que se transforman vertiginosamente y que son envueltas con el velo de la impunidad y la injusticia.

En un país con más de 33, 125 personas desaparecidas en los últimos años, la aparición con vida de Marco Antonio –en estado de salud aún desconocido por sus familiares- es una buena noticia. Pero esto no anula la necesidad de dar seguimiento a la investigación que lleve al castigo de los responsables por los delitos de detención arbitraria y desaparición forzada, en caso de comprobarse esta última.

El informe Rule of law Index 2017-2018, elaborado y presentado por la organización World Justice Project (WJP) nos confirma una vez más algo que los mexicanos sabemos porque lo vivimos en la cotidianidad: México es uno de los países con el peor estado de derecho en el mundo. En un listado de 113 países, México se ubica en el lugar 92, rebasando a El Salvador e Irán, que ocupan los lugares 79 y 80, respectivamente. En este contexto de corrupción y ordenamientos jurídicos no aplicados se inscribe el caso de Marco Antonio. A pesar de que existen leyes y protocolos de derechos humanos, las autoridades prefieren ignorar lo que estas establecen. Muestra de ello es que el 16 de enero entró en vigor la Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, y tan solo una semana después, comenzó a circular en redes sociales la fotografía del inicio de la pesadilla por la detención arbitraria que viviría Marco Antonio en manos de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Si desdoblamos este caso como una figura de origami, veremos que no solo se cometió más de un delito, sino que también nos muestra cómo funciona la cadena de poder jerárquica que permite perpetrar dichos delitos en una estructura social caracterizada por la indiferencia a la violación de derechos humanos, la normalización de la impunidad y la criminalización de los jóvenes.

 

Primer delito: detención arbitraria

En México, las detenciones arbitrarias son un mecanismo común para fabricar delincuentes. En el último informe de Amnistía Internacional, Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México, se menciona que:

“pese a que el derecho internacional de los derechos humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad personal y prohíbe las detenciones arbitrarias, las organizaciones no gubernamentales que hacen trabajo de derechos humanos en México constantemente reciben casos que siguen un trazado habitual: una persona en una situación generalmente de marginación y discriminación (digamos un joven en pobreza) es detenida en un momento ordinario de su día (por ejemplo, cuando regresa a casa después de un día de trabajo), la policía no le explica por qué es arrestada y le siembra algún objeto para incriminarla (digamos un arma) y es llevada ante otras autoridades, quienes inician un proceso legal que le resulta incomprensible. Esta persona pasa varios años en prisión en espera de juicio. La pregunta es si este tipo de actuar representa un patrón común que deba levantar una seria preocupación por la forma en que trabaja la policía mexicana y las instituciones del sistema de justicia”.

Según el gobierno capitalino, Marco Antonio fue detenido –y golpeado- por policías tras ser  acusado de robo por un ciudadano que hasta ahora no ha sido identificado. Sin embargo, las autoridades pasan por alto que las personas detenidas tienen derechos; es decir que estas tienen que explicar en el momento la razón de la detención: la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el detenido tiene derecho a tener un defensor de su elección y, si no cuenta con uno, el Estado debe proporcionarlo de manera gratuita. Cuando la persona detenida es menor de edad, la detención debe ser notificada a algún familiar y, sin demora, debe ser puesta a disposición de la autoridad competente en el marco de la justicia penal para adolescentes. Con Marco Antonio, las autoridades violaron todos los protocolos para una detención legal.

 

Segundo posible delito: desaparición forzada

Desde que se dio la detención arbitraria de Marco Antonio y su familia recurrió a las instancias de derechos humanos en la Ciudad de México, las autoridades negaron que se tratara del delito de desaparición forzada. Desde el inicio se ha dado una disputa por nombrar los delitos de una u otra forma y tipificarlos como corresponden. Hacer lo anterior no solo tiene un peso punitivo sino también simbólico acerca de lo que el Estado ejecuta en nombre del monopolio de la violencia.

En la nueva Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de búsqueda de personas, el artículo 27 establece que “comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.

El caso de Marco Antonio cumple con uno de los elementos del delito de desaparición forzada: la privación ilegal de la libertad. El segundo elemento –la negativa a reconocer dicha privación o proporcionar información sobre ésta- aún está por comprobarse y es a lo que está apelando la parte defensora. Hay vacíos y ocultamiento de información clave para entender qué fue lo que sucedió con Marco, por qué apareció en Tlalnepantla si estaba bajo custodia de agentes del Estado, hecho que supimos por el testimonio de un amigo suyo y algunos registros de video. De no haber sido por estas evidencias, hoy el caso se seguiría tratando como un secuestro –como lo aseguraron las autoridades al inicio- y dejaría fuera la línea de investigación por desaparición forzada.

Este delito no depende de si la persona fue desaparecida algunos días, meses o años. Basta con que se cumplan las dos características planteadas en la ley nacional y acorde a los estándares internacionales en la materia. La aparición de Marco Antonio es un buen signo en medio de esta catástrofe nacional, no lo es por la eficiencia de las autoridades sino por una suma de factores: que su familia pudo recurrir inmediatamente a las instancias de derechos humanos; que la noticia se posicionó en las redes sociales generando una gran visibilización del caso y que la ciudadanía salió a exigir a las calles la aparición inmediata de Marco Antonio con vida y justicia. Hoy él está con vida, nos falta la justicia.

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