¿Qué es un “Estado fallido”? ¿Por qué se protesta contra el gobierno?

Por Cuauhtémoc Camilo* | ➜

El deseo inconsciente de autoaniquilación reproduce
fielmente la estructura de un movimiento político que, en
última instancia, transforma a sus partidarios en víctimas.
T. W. Adorno

I

Para escribir sobre la justicia y la memoria primero habría que hablar sobre el espacio en el que tienen lugar: los Estados democráticos neoliberales. Y, por extensión, habría que decir algunas palabras sobre las experiencias concretas de los gobernados bajo ese régimen.

Hoy por hoy, nadie puede afirmar que no ha sido vulnerado o abusado (de alguna manera u otra) en el contexto de los Estados libres, democráticos y soberanos; sin embargo, habría que distinguir dos tipos de vulneración: sobre la integridad física y sobre las condiciones anímico-sociales. Así que, para entrar en materia, precisemos que las democracias capitalistas se basan en tres supuestos esenciales: 1. la voluntad colectiva racionalizada a través de funcionarios e instituciones. 2. La remuneración económica por el trabajo desempeñado. 3. Las interacciones sociales en un marco legal.

El primer supuesto es un acuerdo a priori sobre la organización de la vida en común de cierta población sobre cierto territorio. Nunca ha tenido lugar efectivo ese acuerdo (o contrato/pacto social) sino que acaece en el momento mismo de su operación: al nombrar a alguien y atribuirle pertenencia, lengua, nacionalidad; al comprar comida, al transitar e interactuar con otros… Solo en retrospectiva, dadas las inercias y costumbres de las poblaciones el acuerdo se visibiliza teoréticamente a fin de organizarse. Se trata por tanto de un acuerdo racional y colectivo que, en nuestro época funciona a través de las instituciones, leyes y representantes políticos que regulan, administran y presiden el destino de las sociedades de acuerdo a un plan (igualmente racional) de gobierno.

El segunda supuesto establece una retribución a las fuerzas sociales de manera que no haya relaciones de esclavitud o explotación (cuando menos abierta) sino de intercambio, misma que justifica, garantiza y da permanencia a la propiedad privada gravada por el Estado; en otras palabras, el Estados (a través de sus actividades y empresas, así como el cobro de impuestos a grupos y particulares) establece una mecánica de subsistencia y preservación de sí mismo y de los otros. Una economía que es a la vez política y ético-cultural (pensada en términos de Weber y Bell), pues determina las prácticas, comportamientos y aspiraciones de las poblaciones ordenadas por su lógica, fijando un espíritu cultural y una disposición o ánimo de su racionalidad.

El tercero presupone una igualdad de condiciones sociales, en las que ningún miembro de la sociedad posee, ante los ojos de la ley y la racionalidad de Estado, superioridad de fuerza o coerción. Dejando al Estado como autoridad máxima al servicio de la población. Esa autoridad es a la vez moral  y administrativa (en tanto que organiza el punto anterior), pero también racional-judicial, en la medida en que puede hacer uso de la fuerza para hacer obedecer la racionalidad establecida por las leyes, estableciendo así una aparente igualdad.

El Estado, por tanto, detenta una doble fuerza: anímica y física. Pero en ambos casos, el ánimo de las poblaciones y la fuerza ejercida sobre ellas están condicionadas por una racionalidad de gobierno. En términos democráticos, el gobierno no son los gobernantes (éstos son, en principio, unos ciudadanos más que ocupan un cargo), sino que el gobierno constituye  la abstracción misma, la denominación (¡el concepto que da forma!) a la racionalidad que administra a las poblaciones. Así, la suma de los principios mencionados establece el marco de lo permitido y las condiciones de actuación de los gobernados, en otras palabras, la libertad de acción al interior de un Estado democrático basado en la economía.

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En ese sentido, si (cuando menos públicamente) se obedece a la ley, se retribuye (o se es retribuido por) el trabajo desquitado y no se violenta (por la fuerza) a los conciudadanos, el sujeto político de la democracia neoliberal puede echar mano de los recursos a su alcance para perseguir “sus” propios fines inspirado en el ánimo y la economía del organismo político al que pertenece. No obstante, la posibilidad de aprovecharse del otro es latente siempre que no se realice de manera pública o sanguinaria. La mentira, la seducción, la conquista de voluntades, el engaño por ignorancia o abuso de confianza y otras astucias propias de la racionalidad y la convivencia social (establecidas discretamente en el mismísimo Estado por los usos de la población) son inevitables ya sea entre individuos, grupos sociales o naciones.

Tales astucias de la racionalidad política y de la economía no equivalen a la divina providencia (o astucia de la razón) invocada por Hegel a propósito del sentido y el desarrollo histórico de la conciencia y su concreción material en el Estado; no se refieren a una racionalidad supra-humana que organiza, inevitablemente y más allá de nuestra comprensión, el mundo que habitamos con miras hacia un destino preestablecido y aún desconocido. Se refiere, más bien, a la experiencia concreta del uso de la razón entre seres sociales y los inconvenientes que genera su propia inteligencia entre ellos.

Ahí donde la población además de la astucia busca acaparar la fuerza física, el Estado usa la violencia para arrebatársela y permanecer con en control. Ahí donde las creencias espirituales son plurales se da lugar a la tolerancia a fin de que se reduzcan los obstáculos económicos, a fin de que se crea en lo que se desee mientras se obedezcan los principios funcionales y aspiracionales de la sociedad. Esta secularización del ánimo otorgó al Estado el control, por medio de la economía, no las creencias de los ciudadanos sino el ánimo o espíritu de la actividad humana que lo mismo puede manifestarse en el trabajo que en el arte, la cultura o las dinámicas sociales. Quizá por ello en los Estados modernos siempre ha reverberado -aunque olvidadiza y discretamente- la imagen legada por ingenio medieval que imaginó el doble doble corazón del gobierno bajo la figura del báculo y la espada (el gobierno del ánimo o espíritu y el gobierno por la fuerza y la sangre).

II

Independientemente de si la astucia social deriva de la racionalidad del Estado o viceversa, lo importante es que en países como el nuestro esta la astucia es valorada en exceso dadas las condiciones de violencia que, en nuestra experiencia concreta, vivimos día a día. En México, el abuso ocurre cuando la astucia se ve superada por el dolo y la violencia. Es fácil diferenciar entre ser persuadido, convencido o seducido hasta el punto de entregar algo voluntariamente y el vulgar despojo por la fuerza, el amedrentamiento, la muerte o su amenaza.

La conciencia de la propia vulnerabilidad nos pone en guardia. El fantasma de la dialéctica del amo y el esclavo ronda al tiempo que nos volvemos astutos ¿o porque nos volvemos astutos hablamos de amos y esclavos? En buena medida, el desarrollo de las sociedades y del pensamiento consiste en la adquisición de astucia previsora y persuasiva, de conservación de la vida y evasión de la violencia. El constante trato en colectivo lo demanda. Por esta razón, tampoco tiene sentido separar la astucia de la racionalidad.

Los seres racionales tienden a la astucia sin que por ello confundan una con la otra. Cuando alguien dice “qué astuto” no sólo alude a las facultades racionales del sujeto en cuestión sino que insiste y prepondera un aspecto específico de esa racionalidad. La ética, por su parte, es racional pero no necesariamente astuta; apela a criterios ontológicos y a principios axiológico-afectivos, es decir, procura una forma de ser para un sujeto, un grupo o el mundo y sus relaciones al mismo tiempo que deposita cargas afectivas y valores en determinadas ideas, comportamientos o personas.

Aunque sean producto de una racionalidad histórica, la astucia y la ética son dos modos de racionalidad distintos y coexistentes. Quizás por ello, sean dos de las formas más acabadas y más prácticas de la racionalidad que, en el marco de la democracia, entran en conflicto, pueden contraponerse o se conjugan armónicamente. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, por ejemplo, da cuenta de esto último. Entonces, si la justicia y el derecho poseen principios éticos es para contrarrestar o insistir en las astucias que, en el mundo práctico dependen de los intereses, pasiones, voluntades y condiciones materiales de los seres racionales, sean individuos, grupos o naciones.

Podría reclamarse, desde una perspectiva, lógicos-positivista que la racionalidad más tecnificada (la científica) es unívoca y está libre de astucias, pero son los mismos lógicos los que evaden la discusión sobre si esa premisa que sostiene no es de hecho y funciona ya como un cierto tipo de astucia argumentativa para facilitar el quehacer teorético o analítico, minimizando un hecho y contradicción determinantes de su objeto de estudio.

Y es que en las sociedades del rendimiento, de las posesiones (propiedad privada) y los deseos, la astucia es un recurso para acceder a condiciones de existencia sin el despliegue de violencia, amedrentamiento o crueldad; es la manera “por las buenas” para lograr algo, aunque de bueno solo tenga la evasión del derramamiento de sangre y de la tortura (lo que, en México, no es poca cosa). No mancharse las manos de sangre, ser “movido” o más listo que otros, conquista las simpatías y, aunque no siempre sea ética, la astucia es un valor capital en nuestra cultura, por molesto o ridículo que sea.

En la astucia no siempre es evidente su cercanía con corrupción, tema que, por otro lado, se mantiene como tabú. Y no es tabú porque no se hable de ello (se habla y mucho), sino porque no hay un vocabulario claro, público, crítico y susceptible de revisión para hacerlo. El discurso sobre la astucia (¡Sobre la corrupción!) es opaco, gregario y hermético, se enuncia de manera oblicua, oscila entre el chisme, la metáfora, el doble sentido, la ironía. La corrupción sólo tiene cabida, en los procesos jurídicos y los medios de comunicación cuando se conjuga con el fraude, el crimen o abuso de autoridad, cuando se le atribuye un peso “mayor”, pero se deja fuera su recurrencia cotidiana, en la traición, el decir de las malas lenguas, los favoritismos, la familia, los filtreos, seducciones y toda clase de astucias “menores” deseadas, buscadas, fomentadas y arraigadas en la población y el Estado.

En contraste, frente al despojo y la brutalidad física, la astucia “menor” no sirve para nada. Sólo en un estado en el que la integridad física está garantizada, es decir, en el que la racionalidad obliga a conseguir por astucia y no por fuerza el derecho y condiciones de existencia, solo ahí, la discusión sobre la crueldad en aspectos no corporales es absolutamente urgente. Pero incluso en esos casos se habla solo de la corrupción “mayor” que opera con discreción, funcionalidad y lugar para queja; ahí donde la violencia se ha domesticado y ha construido espacios, procesos y penas donde el derramamiento de sangre, la brutalidad y el despojo resultan escandalosos, se puede hablar de crueldades sutiles, de violencias con cierto grado de racionalidad y astucia como paradigma de urgencia. Pongamos por ejemplo a Derrida y su Paris posmoderno del siglo XXI:

“Podemos detener la crueldad sangrienta (cruor, crudus, crudelitas), podemos poner fin al asesinato con arma blanca, con guillotina, en los teatros clásicos o modernos de la guerra sangrienta, pero según Nietzsche o Freud, una crueldad psíquica los suplirá siempre inventando nuevos recursos. Una crueldad psíquica seguiría siendo desde luego una crueldad de la psyché, un estado del alma, por lo tanto de lo, vivo, pero una crueldad no sangrienta”. (Derrida, 2002)*

III

En México, sin embargo, el teatro de la guerra sangrienta sigue vigente sin un fin siquiera vislumbrable, por lo que los movimientos sociales más representativos de los últimos años han sido reclamos contra el derramamiento de sangre y la brutalidad: feminicidios, desaparición de estudiantes, fraudes electorales, asesinatos del crimen organizado y despojo de tierras comunitarias. A falta de astucia, sangre, a falta de racionalidad, violencia máxima. En México no hay racionalidad, mucho menos ética de la no violencia: es la barbarie disfrazada de magistrado. Incluso la protesta y la burla, que son racionales, se censuran con amenazas de muerte y prisión. Grado cero de la violencia, es aquella sin procesos, mecanismos racionales eficientes, pulcritud de los cuerpos, defensa o reglas, es aquella que se ejerce directamente y sin medición sobre los cuerpos y el ánimo, es la barbarie.

Y sin embargo, frente a la realidad de esa irracionalidad y violencia henos aquí, escribiendo y pensando, pues la reproducción de la violencia y la muerte alimenta aún más esa maquinaria. En efecto, la violencia y la muerte, en los actuales términos del Estado son irracionales y ante ellas la confrontación se anula por imposición de fuerza. El ciudadano no solo está a expensas de la crueldad sangrienta sino que sus posibilidades de defensa a través del estado son sumamente reducidas o nulas. Tal es la vía “por las malas” y resulta atroz que, en este contexto de democracias neoliberales, se bombardee mediáticamente a las poblaciones exigiéndoles obediencia, calma, aceptación y transparencia absoluta (que ha sido codificada de manera opaca, como una Cámara de Gesell, en la que las poblaciones son observadas sin que ellas puedan ver, a través del cristal, a quienes los observan y cómo lo hacen).

El Estado que exige transparencia sin otorgarla, que predica racionalidad y ofrece crueldad como instrumento de gobierno, fomenta de forma abierta el desprecio por la astucia, al tiempo en que la ejerce cínicamente. Irónica paradoja en la que el Estado pretende el monopolio (no de la astucia, sino) de la racionalidad pública. Según Rancière, esa racionalidad pública en conflicto es la que funge como medio y principio  fundador de la democracia, es la que establece el desacuerdo, es decir, la contradicción u oposición de la racionalidad común en el Estado.

Por ello, es un ensañamiento convocar a la glorificación de la racionalidad social desde la racionalidad unidimensional del Estado (“Sólo el estado puede discutir tal cosa” o “X puede ser astuto, pero tú no”). El estado es, precisamente, la confluencia de múltiples racionalidades y, por extensión, de ánimos, fuerzas y proyectos. Cuando la racionalidad de Estado es unilateral y unidimensional se lleva el Estado de excepción al pensamiento. En el ánimo uno sólo válido: el de la economía capitalista que canaliza las fuerzas al trabajo y el consumo; en la organización social, el temor por la violencia del país y la imposibilidad de defensa.

Es aquí donde se unen la astucia y el despojo en un mismo plano político, en un Modus Operandi de gobierno. Este modelo de gobierno unilateral sobre el ánimo y la organización política de la sociedad es totalitario pues sólo valida una racionalidad y se ejerce, sin decirlo ni dar lugar al cuestionamiento, una forma de pensamiento antidemocráticoa propia de los Estados fascistas.

Es por ello que el reclamo y enojo social ha sido históricamente canalizado (y con razón) hacia el Estado. También es por ello que la denominación de “Estado fallido” denuncia a la vez la incapacidad y corrupción institucional, así como el simulacro de organización política bajo premisas democráticas, pues en el momento mismo en el que el gobierno y sus representantes se deslindan del gobierno del ánimo y de la organización social pero lo siguen gravando y administrando, la ciudadanía concluye que o el Estado está coludido, o no vivimos en un Estado democrático.

Ya que no se reconoce públicamente ni lo uno ni lo otro, el limbo epistemológico resuelve (con el vocabulario y conceptos al alcance de su propia racionalidad) su estatus: “Estado fallido”. Aunque este sintagma no explique, proponga o aporte demasiado a la comprensión y modificación de la racionalidad social vigente. En consecuencia, aquellos ciudadanos del Estado cuyas astucias (económicas, policiales, intelectuales, productivas, etc.) sean opuestas al servicio del poder dominante serán desprestigiados y excluidos del mismo, acallados, silenciados o anhiquilados.

Tales regímenes de existencia o Estados totalitarios (México es indiscutiblemente uno de ellos), posibilitan el despojo y la violencia; su bombardeo mediático se instrumenta como propaganda sobre el pensamiento deseado por el Estado y da lugar a un proceso de construcción de víctimas potenciales. Tal propaganda aparece, por ejemplo, desde la comunicación masiva, hasta el sistema educativo. No se discute o abren espacios de comunicación con las masas, se informa con tendencia e interés privado; no se educa o forma el ánimo y organización de ciudadanos, se se individualizan trayectorias y se evaluan.

Althusser denominó a estas instancias y procesos como aparatos ideológicos de Estado. Hoy, dado la temporalidad y desuso teórico podríamos llamarlos dispositivos de gubernamentalidad. Así, en los Estados democráticos neoliberales (totalitarios) -o  “Estados fallidos”-, precarizar a la población, cultivar su ingenuidad, alimentar su ignorancia o someter ideológicamente su comportamiento es un proceso de gobierno para hacer de ella un blanco fácil de despojo; una estratagema para evitar, astutamente, la organización social o incidencias anímicas, en la cultura, el arte, la economía e interacciones en común; práctica de Estado no fiscalizable que, no obstante, atenta contra la población misma: Crímen de Estado.

IV

Tras esta exposición no resulta exagerado afirmar que la astucia aunada a la violencia física, la tortura, la desaparición forzada y el derramamiento de sangre, constituye una racionalidad fascista que, a su vez, es un instrumento de gobierno insertado subrepticiamente en los Estados democráticos y sociedades neoliberales. Y cuando decimos fascismo no nos referimos a a imagen de Hitler o a los soldados franquistas marchando patrioticamente por Madrid (el nacionalismo es solamente una de las múltiples formas de la racionalidad unilateral, acrítica y totalitaria, una de las cabezas de la hidra del fascismo),  sino a este dispositivo de instrumentalización de la sociedad, de la producción y del pensamiento. Quizás el fascismo (como partido político y modelo de nacionalista) haya perdido la guerra, pero la ganó en tanto que modelo de operación y preservación de privilegios.

En este sentido, una cara discreta del fascismo (en las democracias neoliberales) es la racionalidad puesta al servicio de intereses privados en instancias públicas; pero también la supresión de racionalidades disidentes en nombre de una oficializada, aunque opaca y acrítica que incluso puede tornar ilegales, otras formas de pensar o actuar, tal y como sucede con la racionalidad del aborto, de las preferencias sexuales o de los derechos de los pueblos originarios, por mencionar algunos ejemplos públicamente sensibles y evidentes.

¿Hay entonces un Estado que no sea “fallido”? Evidentemente no,  pues en última instancia ese Estado mantiene prácticas opacas y acríticas ante sus propios miembros o frente a otros Estados en nombre de su soberanía. El carácter “fallido” es contradictorio con la idea misma de un Estado democrático, en tanto que éste se mantiene en construcción y renovación, por lo que fallará con la promesa de cambiar, sin que esté obligado por nadie a hacerlo. Un Estado fascista, carece de palabra, promete sin cumplir, o bien, el cumplimiento contradice la promesa, esto es: la demagogia.

La demagogia elevada a discursividad de gobierno, está basada en la especulación de la aceptación pública y en el encubrimiento de lo que atente contra ella, determinando, a posteriori, el comportamiento de gobernantes y gobernados. Así, puesto que de la racionalidad social y de Estado se derivan las conductas éticas, el problema no está en la angustia frente a la astucia de los ciudadanos y los abusos propios de su espíritu cultural, sino ante el olvido de las atrocidades y despojos instrumentados sistémicamente.

V

En el olvido y la indiferencia de los abusos o las vulneraciones sufridas está la clave para que perdure el Estado totalitario. El olvido incita y reproduce las condiciones de violencia. No podría ser la astucia aquello que las sociedades contemporáneas y las perspectivas racionales unilaterales intentan conjurar para frenar la violencia, el abuso y el despojo; aquello que calculan para perseverar en su ser es la construcción de una memoria en la que el recuerdo de la atrocidad  promueva el olvido de las condiciones y posiciones de poder en las que tal abuso, despojo o violencia tuvieron lugar.

Así, por ejemplo, un memorial es un monumento al olvido de las condiciones de poder que ejercieron violencia sobre unos, instrumentalizando a los otros. En él se institucionaliza a las víctimas para que éstas aparezcan en una memoria colectiva controlada, ocultando así los procesos que permitieron su abuso, muerte o despojo.  En ese sentido, el olvido es también es cierto tipo de memoria, esto es: un dispositivo, no un recuerdo. En tanto dispositivo, la memoria constituye un instrumento, práctica y racionalidad que no necesaria o inmediatamente es reflexiva o intelectiva sino, más bien una forma de experiencia.

Aquí, la idea de experiencia tiene que ver con un modo de habitar y vivir el Estado, una especie de inercia que da por supuesto la forma de ser de lo presente. Y en el caso de las víctimas y sus deudos, una forma de habitar despojo, tragedia, el abuso, la crueldad, la muerte. Inolvidable es el olvido que perpetúa lo que pretende no recordar.

Por ello explicitar y modificar las condiciones de poder en las que un abuso tuvo lugar constituye un verdadero acto de justicia y sólo a través de él tiene sentido la memoria como dispositivo político, como experiencia de Estado. Cuando se hace del monumento un acto vivo, un instrumento para activar el recuerdo colectivo con la posibilidad de no solo de restringir la violencia y el despojo futuros, sino de modificar la ley, las conductas, deseos, economías o aspiraciones, las víctimas se recuerdan, en la práctica y experiencia, de manera sistémica. La memoria política se opone al homenaje de Estado que reproduce, mediante el olvido, el estado de las cosas en el que tuvo lugar la tragedia o las victimas que se conmemoran.

Por ello, antes de alcanzar el olvido que renueva la vida sin cerrar los ojos a su pasado inmediato y distante, es necesaria una memoria política que transforme las prácticas concretas de justicia y racionalidad; invocando la urgencia de solucionar el derramamiento de sangre y la crueldad, para concentrarnos, sin hipocresía anímica, en las crueldades sutiles de las astucias plurales. Y aunque ese olvido donde por fin algo ha perdido su peso y su resentimiento aún está lejos tanto de las personas como del Estado, me parece que primero habría que hacer evidente y claro el fantasma del fascismo que ronda en nuestras calles, y sacarlo de los discursos ingenuos sobre el olvido, el perdón, el futuro y la transparencia.

En este sentido, la memoria más cara y más olvidada de México, durante el siglo XXI es, cómo negarlo, guerra contra el narcotráfico.  Ese discurso ejerce una de las racionalidades fascistas de Estado más oscuras del último siglo, y lo hace mediante el astuto procedimiento de Estado que criminaliza a la sociedad, invisibilisa al enemigo y evade la correspondencia con la realidad. Pero al mismo tiempo que ejerce impunemente la crueldad y el derramamiento de sangre. La guerra contra el narcotráfico opera desde la propaganda fascista (como la describe Adorno) al mismo tiempo que intrumentaliza la barbarie como estrategia y práctica de gobierno. Al evocar ese hecho quisiera citar unas líneas de Walter Benjamin que sintetizan ese proceder fascista que he intentado describir:

“La proletarización (precarización) creciente del hombre actual y el alineamiento también creciente de las masas son dos caras de uno y el mismo suceso. El fascismo intenta organizar las masas recientemente proletarizadas sin tocar las condiciones de la propiedad que dichas masas urgen por suprimir. El fascismo ve su salvación en que las masas lleguen a  expresarse (pero que ni por asomo hagan valer sus derechos). Las masas tienen derecho a exigir que se modifiquen las condiciones de la propiedad; el fascismo procura que se expresen precisamente en la conservación de dichas condiciones. En consecuencia,  desemboca en un esteticismo de la vida política. A la violación de las masas, que el fascismo impone por la fuerza en el culto a un caudillo, corresponde la violación de todo  un mecanismo puesto al servicio de la fabricación de valores cultuales.
“Todos los esfuerzos por un esteticismo político culminan en un solo punto. Dicho punto es la guerra. La guerra, y sólo ella, hace posible dar una meta a movimientos de masas de gran escala, conservando a la vez las condiciones heredadas de la propiedad.” (Benjamin, 2003).**

__________

*Derrida, Jacques. Estados de ánimo del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2002. La conferencia original fue pronunciada en junio de 2000, en el anfiteatro de la Sorbonne.

**Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Ítaca, México, 2003. Los textos originales de la obra fueron escritos en distintas versiones entre 1934 y 1936. Las palabra entre paréntesis en la cita es mía.

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